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publicado por Fundação Saramago às 08:48

La impunidad del franquismo

Terça-feira, 02.03.10

Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.

Baltasar Garzón, que ha cumplido con su deber con apego a la ley, se encuentra imputado.

España ignora a sus propias víctimas y atormenta a sus familiares.

La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.

Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.

Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.

Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.

Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.

Esa obligación de perseguiry castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.

España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".

El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.

Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.

Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.

La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".

No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".

Firman este artículo José Saramago, Premio Nobel; José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático.

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publicado por Fundação Saramago às 14:13

No se entiende

Terça-feira, 02.03.10

fjsNo, no se entiende. Fuera de España no se entiende qué pasa en España con el juez Baltasar Garzón. ¿A proceso por su intento de juzgar crímenes de lesa humanidad?

¿Lo castigan por su desvelamiento de la oscura trama de corrupción tejida por personalidades de un partido político? ¿Se judicializa la política española? ¿Se politiza la justicia española?

Conocí al juez Garzón en 1997 cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado del Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera a las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo. Lo volvimos a ver en 2000, esta vez para querellar a los represores de la dictadura uruguaya que asesinaron a mi nuera, le robaron la hija -era una niña, mi nieta, a la que encontré 23 años después de nacida- y desaparecieron los restos de su madre. Nos recibió con la misma deferencia y con un rostro que el sufrimiento ajeno le había escrito. Salimos de su despacho con alguna esperanza de justicia, la que esperaban y aún esperan centenares de miles de castigados por la espada en nuestro continente.

No voy a fingir una inocencia que no tengo. En la Argentina habemos jueces que violan el derecho de gentes, el derecho humanitario internacional, los derechos de los agredidos, la moral y la ética más corrientes, movidos tal vez por viejas complicidades. El juez Garzón no pertenece a esa tribu y que lo juzguen por hacer justicia, no se entiende. No lo entendemos en América Latina. Tampoco en otras partes del mundo. 

Juan Gelman

Fuente: elpais.com

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publicado por Fundação Saramago às 14:01

La Universidad católica de El Salvador apoya a Baltazar Garzón

Terça-feira, 02.03.10

A quienes hemos sufrido crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes, nos agrede y duele el enjuiciamiento actual contra el juez Garzón. A quienes pensamos que la humanidad es una, y que por tanto todo delito contra la humanidad debe de alguna manera ser declarado como tal, nos preocupa severamente que se acuse de prevaricato a un juez que tuvo el valor de investigar crímenes amnistiados en el propio país.

En su defensa el juez Garzón ha pedido que se consulte a jueces y juristas de América Latina. En mi calidad de testigo y, en su momento, parte ofendida en el juicio que consagró la impunidad de los autores intelectuales del asesinato de seis jesuitas en El Salvador y dos de sus trabajadoras, quisiera hacer una pequeña relación de lo que significó para nosotros la aplicación del principio de justicia universal del juez Garzón en el conocido caso del dictador Pinochet.

En primer lugar nos dio ánimo y esperanza. El caso Pinochet abrió posibilidades inéditas. En El Salvador teníamos una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo al gobierno de nuestro país que investigara con estándares internacionales el caso jesuitas en el nivel de la autoría intelectual, llevara a juicio a sus autores e indemnizara adecuadamente a las víctimas. El entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, dijo con toda tranquilidad que no iba a seguir las recomendaciones. Ello apesar de que un tratado internacional obliga al Estado signatario a poner sus mejores esfuerzos para el fiel cumplimiento de lo recomendado. Las recomendaciones siguen hoy pendientes, pero los dos últimos gobiernos han abierto al menos conversaciones sobre el camino de cumplimiento de las mismas. Para nosotros no hay duda de que los esfuerzos del juez Garzón por aplicar el principio de justicia universal contribuyó tanto a darnos fuerza en la defensa de nuestros derechos, como a darnos seguridad moral. La palabra del presidente Flores, superficial e ignorante, no sepultaría en la impunidad un caso de lesa humanidad.

Al igual que Pinochet, quienes mataron a los jesuitas y sus dos trabajadoras están amnistiados. Y ambos casos se han abierto en España a pesar de las amnistías que en sus países los protegían. Acusar al juez Garzón de prevaricato porque los crímenes de la guerra civil que investigó están amnistiados no deja de escandalizarnos. Supone que las amnistías españolas son más respetables que las latinoamericanas. O que los criminales de lesa humanidad españoles son más dignos del perdón legal que otros criminales del mundo. Para quienes pensamos que la humanidad es una, en esa gran tradición que abrieron cada cual a su modo Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, perseguir ahora al juez Garzón es enfrentarse a una tradición, no siempre continuada ni defendida, pero que ennoblece al pensamiento español.

El prevaricato en el derecho romano consistía sustancialmente en que el abogado de una de las partes, defensor o acusador, se unía en secreto, por dinero o por la razón que fuera, a la parte contraria, y maniobraba en favor de ella durante el juicio. Pero en un juicio las víctimas nunca pueden ser la parte contraria de un juez. Si el juez existe para algo es para defender el derecho de la víctima y no del verdugo. Más aún, desde el uso del idioma, y más allá de los contenidos de las diversas legislaciones, podríamos llamar prevaricador a cualquier juez que se implique defendiendo a los verdugos. Y ciertamente no es este el caso del Baltasar Garzón. Lamentaríamos, sin embargo, que fuera ese el caso de los jueces que en este momento están decidiendo sobre el juez Garzón.

José M. Tojeira,
Rector

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publicado por Fundação Saramago às 13:49

200 anos de Chopin

Terça-feira, 02.03.10

Chopin teve uma infância culta. Aos seis anos passou a ter um professor de piano, Adalbert Zwini, que lhe apresentou as obras de Bach e Mozart.

 

 

 

Seu primeiro concerto público ocorreu quando ele tinha oito anos. Na mesma época viu publicada sua primeira obra, uma polonaise. Prosseguiu conciliando seus estudos no Liceu de Varsóvia com as aulas de piano.

Em 1830, dias antes de eclodir a Revolução Polonesa contra a ocupação russa, Chopin resolveu deixar Varsóvia e partir para Viena, que vivia sob o regime autoritário de Metternich. Em Julho do ano seguinte, Chopin seguiu para Paris, onde logo integrou a elite local, passando a ser requisitado como concertista e como professor. Nessa época conheceu músicos consagrados, como Rossini e Cherubini, e outros de sua geração, como Mendelssohn, Berlioz, Franz Lizst e Schumann.

Em 1838 Chopin uniu-se à controversa escritora Aurore Dupin, que usava o pseudónimo masculino de George Sand. O casal resolveu passar um tempo em Maiorca, mas o clima húmido da ilha piorou o estado de saúde do compositor. Em 1839, os dois voltaram para a França e em 1847 romperam definitivamente o relacionamento.

No dia 17 de outubro de 1849, Frederic Chopin falecia, aos 39 anos. Foi sepultado no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Seu coração foi colocado dentro de um dos pilares da igreja de Santa Cruz, em Varsóvia, conforme o seu pedido.

Celebrar Chopin é ouvir a sua música, que aqui deixamos interpretada por Maria João Pires:

Valsa n.º 9

Sobre Maria João Pires, texto de José Saramago

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publicado por Fundação Saramago às 13:29

Campaña Internacional en defensa del Juez Garzón

Terça-feira, 02.03.10

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzon, suma apoyos entre la judicatura ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo le impute por dos causas distintas y sea suspendido por el Consejo General del Poder Judicial.

Si ayer el abogado del magistrado daba a conocer que juristas de gran prestigio internacional habían accedido a testificar a favor de Garzón y que la asociación Jueces para la Democracia le respaldaba, hoy ha sido la Unión Progresista de Fiscales quien ha defendido públicamente al juez.

En un comunicado, la asociación ha querido "manifestar su solidaridad y apoyo" a Garzón. En su opinión, la investigación de los crímenes del franquismo "y su consideración como crímenes contra la humanidad" es "completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional", por lo que la actuación del magistrado "de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria". Seguir leyendo en elpais.com

 

Garzón convoca a juristas internacionales para que declaren a su favor

10/02/10

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interpuesto hoy un recurso ante el Supremo contra la decisión de Luciano Varela -el instructor de la investigación contra el magistrado por supuesta prevaricación en la causa de la Guerra Civil y el franquismo- de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso. En su auto Varela atribuía a Garzón un delito sancionado con inhabilitación de 12 a 20 años.

Garzón ha solicitado que el auto de Varela quede sin efecto y ha convocado a fjsvarios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo para que declaren a su favor. Entre los jueces que solicita que comparezcan están Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia- , Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina-, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.

Garzón pide además la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia del magistrado para investigar los crímenes del franquismo. Incluye también en la lista al antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y a un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.
Seguir leyendo en elpais.com

 

La Recuperación de la Memoria Histórica

Consulta el proceso completo de la Recuperación de la Memoria Histórica en elpais.com

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publicado por Fundação Saramago às 13:26






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